Hace pocos días Daniel Garzón Luna, Director de Empresas Turísticas y Experto Turístico, publicó la segunda edición de una recopilación de artículos que sintetizan la actualidad turística en el periodo de diciembre 2005 a noviembre 2012 en formato de un e-book. Esta segunda edición complementa a la primera edición con fotografías y viñetas acordes con el contenido de cada post, así como importantes declaraciones del empresariado grancanario de tiempos recientes y comentarios periodísticos acreditados. Su versión PDF facilita un rápido acceso vía enlaces a sus 91 artículos y un manejo fácil de sus 302 páginas y se puede descargar gratuitamente aquí.

A continuación extraigo y reproduzco uno de los artículos de la publicación: “¡Otra moratoria turística! ¿El cuarto tropezón en la misma piedra?” que se publicó en diciembre del 2011. Nótese que, a pesar de ser publicado en el 2011, el artículo es de rabiosa actualidad, teniendo en cuenta que hace dos días el Parlamento canario finalmente aprobó una nueva prórroga de la moratoria, ya en su tercera versión  y esta vez con carácter indefinido. Es más, el post podría ser trasladado, tal cual, al día de hoy cambiando únicamente el número de parados canarios al que hace alusión Daniel Garzón (de los 330.000 a finales del 2011 hemos pasado a tener en la actualidad casi 400.000 parados). ¿El legislador es, efectivamente, una especie que no aprende y tropieza varias veces, una y otra vez, sobre la misma piedra?

A continuación el citado artículo de Daniel Garzón extraído de “Gran Canaria en su encrucijada”:

 ¡Otra moratoria turística! ¿El cuarto tropezón en la misma piedra?

(de Daniel Garzón Luna; publicado el 03.12.2011)

El pasado día 29 el diario de papel La Provincia/DLP publicó unas declaraciones del consejero de Obras Públicas, Política Territorial y Transportes según las cuales su macro departamento tenía en marcha la redacción de la próxima y tercera moratoria -¿TERCERA O CUARTA?- con la consiguiente continuidad de la congelación del crecimiento turístico canario y, consecuentemente, del desarrollo de todo el Archipiélago, especialmente Gran Canaria, la generación de riqueza y la creación de empleo. ¿Dijo algún contestatario al uso que no quería más caldo? Pues ahí tiene una taza más, repleta y a rebosar, que siempre resulta reconfortante para ‘el body’ el reenganche en las cosas que salen de las buenas ‘cocinas’ de los últimos Gobiernos canarios.

Otra Moratoria que, como la que está ahora en vigor, se pretenderá ‘endulzar’ con salvedades a la prohibición de expansión turística con rebuscadas fórmulas para acometer proyectos turísticos que en la realidad de la práctica no conducirán a nada aunque sí conducirán a algo en lo que a Gran Canaria se refiere: a que sigamos perdiendo competitividad en el mercado turístico y a que se superen con creces la lista de 330.000 parados a la espera de un puesto de trabajo en Canarias.

Y hablando de las buenas ‘cocinas’: A la Isla de Gran Canaria, esta Isla, la Grande, en la que habitamos los más ‘desafortunados’ de Canarias, la metió en el ‘horno’ en 1992 -dijeron entonces que para facilitar la redacción del primer PIOT (Plan Insular de Ordenación del Territorio) de Gran Canaria- la brigada de ‘cocineros’ de turno de la época, que la componía la élite del partido comunista conformada en ICAN y coaligada a los áticos (la élite empresarial) de la Isla de Tenerife, la autodenominada capital canaria, y la mantuvieron en ‘cocción’ durante toda la década de los noventa hasta que los Tribunales mandaron al tristemente famoso primer PIOT de Gran Canaria a la basura, de donde, por las nefastas consecuencias que tuvo para esta Isla, parece que salió.

Podemos aseverar que la tramitación del PIOT y procesos judiciales de esta década relacionados con el desarrollo turístico fueron una congelación pura y dura del crecimiento turístico grancanario, es decir, una durísima moratoria al crecimiento turístico ya en toda la década de los noventa.

Así, pues, Gran Canaria perdió toda la década de los noventa ‘empapelada’ por los PIOTS y no pudo ponerse al día en su oferta de hoteles de categoría alta que ya desde principios de la década de los ochenta era la incuestionable apuesta de la demanda turística. Tenerife, capital canaria, sí experimentó un descomunal crecimiento de su oferta de hoteles de alta categoría porque en ningún caso limitaron el crecimiento turístico de la Isla durante la redacción de su PIOT, como fue el caso de Gran Canaria. El proceso de redacción del PIOT de Tenerife fue largo porque fue ‘muy bien estudiado’, manteniéndose en redacción hasta finales de los noventa y dio margen para que el mundo empresarial tinerfeño se moviera y edificara a conveniencia, precisamente la cama hotelera que es la que demandaba el mercado.

En lo que al desarrollo económico, especialmente turístico, de la Isla de Gran Canaria se refiere, se puede decir con los datos que nos facilitan cuestiones constatadas que la muchachada comunista instalada en los puntos claves del poder en Gran Canaria, con a la sazón presidente Román Rodríguez a la cabeza, espoleados por los intereses empresariales turísticos de la Isla de Tenerife -que habían construido ya una oferta hotelera optima y precisaban parar en seco a Gran Canaria para conseguir el liderazgo de la oferta turística canaria-, se sacaron de la manga el primer Decreto de Moratoria Turística en 2001, continuaron en el mismo 2001 con un segundo Decreto al ser anulado el primero por los Tribunales, que también fue anulado por los Tribunales, y culminaron con la fatídica Ley de Directrices de abril del 2003 -aprobada por unanimidad en el Parlamento canario por todos los grupos políticos con representación en él-, la primera Ley de Moratoria Turística pergeñada por afanes intervencionistas de las izquierdas grancanarias, especialmente la comunista, y con la dirección muy complacida de los intereses empresariales turísticos áticos.

Consecuentemente, Gran canaria siguió ‘cociéndose’ en el ‘horno’ en completo parón de crecimiento turístico con sólo algunos repuntes de crecimiento hotelero de calidad facilitado por los resquicios legales de posible desarrollo que se produjeron entre los decretos de moratoria y la promulgación de la Ley de Directrices en 2003 y que fueron aprovechados a calzón caído por los propietarios de suelo con licencia para no perder dichas licencias. ¿Cuáles fueron las principales razones que motivaron la implantación de la Ley de Directrices de 2003 o Moratoria Turística? Hay varias pero podemos destacar algunas decisivas. Veamos:

a) Los intereses empresariales turísticos de la Isla de Tenerife habían construido a lo largo de la década de los noventa una oferta hotelera completísima y no les cuadraba que Gran Canaria se pusiera a la altura de ellos en la oferta hotelera. Querían desbancar a Gran Canaria en el liderazgo de la oferta turística canaria y con la indispensable ayuda de la Ley de Directrices lo consiguieron. Al día de hoy, Tenerife recibe más de un millón de turistas más que Gran Canaria y su oferta de hoteles de alta categoría casi nos dobla.

b) El presidente de Canarias a la sazón, Román Rodríguez, junto con su equipo, la flor y nata de las filas comunistas de Gran Canaria integradas en ICAN, ideología imbuida por convicción del control del suelo ajeno (ellos lo llaman territorio, tanto si se trata de eriales del Estado como si se trata de suelo privado) vieron que la ocasión la pintaban calva y entraron a saco en el control del suelo y la intervención despiadada sobre todo lo relacionado con el mismo, y, con la indispensable colaboración y empuje de los áticos tinerfeños, pergeñaron la mentada Ley de Directrices que vino a congelar todo posible crecimiento de la oferta hotelera de las Islas, resultando ser la Isla de Gran Canaria, la que no había hecho ‘sus deberes’ en lo que ponerse al día en su oferta hotelera se refiere, la tremendamente perjudicada por la dicha Ley.

De eso se trataba precisamente y ese era el fin, en lo que a Tenerife se refiere, perseguido por dicha Ley. Es decir, Gran Canaria siguió metida en el ‘horno’ retostándose y bien vigilada por la brigada de cocineros de turno de la cuerda de los ‘nonistas’ que en ningún caso dejaron resquicio alguno para que la ley de libertad de mercado, como corresponde a una democracia en Occidente, pudiera abrirse camino en Gran Canaria.

En principio esta primera Ley de Moratoria Turística debía tener su fin en el año 2006 en cuyo año debía darse por finalizada su vigencia o reemplazarla por otra, en el supuesto caso que así lo estimasen quienes ostentaran el poder a su vencimiento. No obstante, siendo Adán Martín (q.e.p.d.) presidente del Gobierno canario a la sazón, le correspondía decidir sobre la anulación de la Ley o su prorrogación pero no optó por ninguna de las dos posibilidades por lo que dejó la Ley en vigor sostenida con los ‘alfileres’ de su Disposición Transitoria que le permitía seguir estando en vigor mientras no fuese anulada o sustituida por otra por el Parlamento. De esta forma, muy subrepticia por cierto, se prorrogó sin alborotos ni debate alguno la Moratoria Turística durante tres años más, tres años que, jurídicamente, el desarrollo económico canario, en todo lo afectado por la Moratoria Turística que abarca casi toda su economía, estuvo inmerso en un indefinido limbo.

Por tanto, la primera Ley de Moratoria Turística de tres años se convirtió en una de seis o en dos de tres años cada una de ellas, según se quiera dar importancia numérica al número de moratorias. Lo cierto es que en el 2009 el Gobierno de Paulino Rivero, con Domingo Berriel como consejero del macro Departamento de políticas territoriales varias, decide reeditar la Moratoria Turística del 2003 y consigue la aprobación en el Parlamento por mayoría -esta vez el Partido Popular no se subió al carro del populismo en su aprobación como en 2003 y no dio su voto favorable- de la Ley de Medidas Urgentes de 2009, una prolongación de las moratorias turísticas anteriores, que termina por ser calificada en la actualidad por jueces expertos como ley de escaso rigor jurídico.

Las ‘grandes’ excepciones para construir hoteles de esta ley, como por ejemplo la construcción de hoteles de cinco estrellas gran lujo condicionado a que sea también un hotel escuela con control institucional, ha sido un total fracaso -tanto levitar no podía dar otros resultados-, y la ‘tómbola’ de repartos de camas por aquí y por allí, o se tire aquí y se regale el suelo al Ayuntamiento para edificar allí, todo un rosario de ocurrencias rocambolescas muy alejadas todas ellas del rigor y seguridad jurídica que precisa cualquier inversor para meterse en el riesgo de hacer una inversión millonaria en un complejo turístico.

Ley voluntarista, escasa de rigor jurídico y pura y dura ‘confiscación’ por tiempos de suelo de propiedad privada debidamente ordenado y una absoluta ignorancia del legislador de lo que pide el mercado y las facilidades que hay que dar al emprendedor para que invierta y arriesgue su dinero. En resumidas cuentas: puro fracaso de la Ley porque no se puede obligar por decretos o leyes a un mercado a consumir lo que nuestros legisladores consideren que deben consumir y haciendo pruebas, no con gaseosa sino con planteamientos de desarrollos utópicos que se han tragado tres años de absoluta inanición de nuestro crecimiento turístico, precisamente los años claves de la crisis económica internacional en los que la creación de puestos de trabajo era la política básica de cualquier Gobierno.

En los tiempos de la URSS el personal usaba de forma ‘voluntaria’ las alpargatas que salían en serie de las fábricas bolcheviques pero los tiempos de la URSS ya pasaron, aunque parece ser que algunos legisladores que nos ha tocado sufrir en Canarias aún no se han enterado que eso no es válido en el ámbito occidental de libertad empresarial y de libre mercado.

Así las cosas, ha llegado el nudo gordiano que ha representado la tupida burocracia impuesta por las administraciones a Gran Canaria desde 1992 a tal extremo que parte del mundo empresarial, los que tienen la posibilidad de ser oídos y tenidos en cuenta, han salido a la palestra después de soportar la congelación de incontables proyectos durante más de dos décadas y le han puesto sobre el tapete al Gobierno de Paulino Rivero que con semejante política de aburrir al mundo empresarial con una selva infranqueable de burocracia será totalmente imposible que Gran Canaria remonte en la creación de riqueza, en ponerse al día en su competitividad turística y en la generación de puestos de trabajo.

Es de suponer que estos últimos factores enumerados son de la máxima importancia para la reactivación de la vida económica de Gran Canaria, por tanto, lo que el desbrozar de burocracia todo lo que tiene que ver con la acometida de una actividad económica o ejecución de un proyecto inmobiliario debería figurar como punto número uno, y el más importante, en la agenda presidencial. El Gobierno debe tener claro que es la iniciativa privada, los emprendedores y empresarios, los únicos que pueden sacar a Gran Canaria del pozo en que hoy se encuentra su crecimiento económico y que corresponde a su Gobierno, no el sumergirse en planes y más planes y nuevos estudios y proyectos de moratorias con infantiles premios a quienes cumplan con tal o cual requisito sino el limitarse a que lo que hay programado y aprobado, tanto turístico como comercial o industrial, pueda desarrollarse en sosiego, sin cortapisas burocráticas y según la demanda de los distintos mercados lo vaya exigiendo.

No hacen falta una tercera o cuarta Moratorias Turísticas más ni nada que se le parezca; sólo hace falta dejar que el mundo empresarial, tanto si se trata de grandes empresas como si se trata de pequeñas o autónomos, puedan realizar sus proyectos que en las condiciones de penuria económica generalizada, especialmente de crédito bancario, no dejará de ser de lo más loable. Dejen trabajar, por favor, dejen trabajar a los que aún tienen ganas de hacerlo y saquen de una vez por todas a Gran Canaria del ‘horno’; déjenla que respire y se expanda que aún tiene ante sí el tener que dar de comer a muchos grancanarios y recuperar el liderazgo de la oferta turística canaria perdida en favor de Tenerife a consecuencia de las sucesivas moratorias al crecimiento turístico de la Isla.