1ª parte: El detonante: Las declaraciones de Javier Puga

El 2011 ha dejado bien claro que son los empresarios los que crean puestos de trabajo. Los planificadores, o dirigentes políticos, no crean trabajo, pero sí podrían y deberían crear las condiciones propicias para que el empresario o individuo emprendedor pueda crear actividad económica y empleo. Esas condiciones que propician el crecimiento económico ahora mismo no se dan en Canarias. En el caso concreto de Gran Canaria se da, incluso, toda la situación contraria. La isla lleva largos años con importantes inversiones bloqueadas. Esto contrasta con la actual situación de desempleo en Canarias, pues ya van siete trimestres seguidos con una tasa de paro cercana al 30%.

Con relación al empleo, hay principalmente tres maneras de crear puestos de trabajo:
1) artificialmente (aumentando la Administración, con modelos tipo “contrato alemán” que subvencionan el mantenimiento de puestos de trabajo,..);
2) aumentando el uso de capacidades de las inversiones existentes (en nuestro caso, supeditar la creación de empleo únicamente a una mayor afluencia de turistas, tal como se está haciendo);
3) con nuevas inversiones, es decir, creando nuevos puestos de trabajo reales.

En cuanto al primer punto, es evidente que no puede ser éste un objetivo estratégico (además de que se avecinan importantes recortes en la Administración). En cuanto al segundo punto, en el 2011 hemos podido ver que con ocupaciones máximas en el sector turístico (ahora mismo, el único motor económico canario) no se han logrado, ni mucho menos, las cifras de ocupados esperadas (ver post “Empleo y ocupación: ¿por qué no crecen proporcionalmente?”). Por tanto, es evidente que sólo queda la tercera variante, las nuevas inversiones, para crear empleo. ¿Y qué ocurre con las inversiones en Gran Canaria? Durante décadas, de una u otra forma, se ha frenado y bloqueado cualquier inversión hasta que el inversor potencial termina por aburrirse y desistir de la misma. Ya a finales de los 90 el empresario Björn Lyng clasificaba la burocracia e inseguridad jurídica grancanaria como uno de los principales desequilibrios turísticos de la isla:

“El principal problema de nuestra industria turística hoy es la burocracia, un lastre insoportable que retrasa nuestro progreso y hunde a nuestras empresas. Sacar adelante un plan parcial es complicadísimo: tras la compra del terreno y su redacción, hay que pasar los filtros municipales de aprobación inicial y provisional y remitirlo a la Cumac. Esta requiere informes sectoriales de casi todas las consejerías, además del cabildo, Costas y Medio Ambiente; y si un papel falla, la noria vuelve a girar. Así y todo, la Cumac puede denegar o suspender el plan, pero si lo aprueba, el plan parcial todavía tiene que pasar por una junta de compensación y un proyecto de urbanización. No podemos seguir trabajando así, todo el mundo no tiene la suerte de contar con capital propio y todo el tiempo del mundo para desarrollar un plan parcial. La inseguridad jurídica y financiera ahuyenta los capitales, retrasa nuestro desarrollo y provoca más paro.”
(Björn Lyng, “Desequilibrios turísticos”, publicado en La Provincia, octubre 1999).

Y, efectivamente, durante muchos años se estuvo (y se sigue) ahuyentando a muchos inversores que tenían intención de realizar algún proyecto en Gran Canaria. El periodista Francisco Chavanel relata en uno de sus artículos el informe que hizo un enviado a las Islas Canarias, Faulkner, de una empresa norteamericana la cual quería invertir unos 300.000 millones de pesetas en los años 90. Se reproduce un extracto por lo representativa que es la situación:

“Las cartas de Faulkner describían un territorio fragmentado y con distintas leyes, según fuera la isla donde se desease invertir… El problema esencial estribaba en la inexistencia de una autoridad única, no había un único poder referencial, había siete multiplicados por tres, cuatro, o cinco, dependía de los reinos de taifas que habitasen en cada islote… Eran tantas las ventanillas que se corría el riesgo de despistarse y pasar de largo en alguna, y entonces terminar rociado a balazos en los tribunales a causa del olvido. Faulkner terminó el último de sus informes con una rendición: olvídense de invertir aquí; todo es un espejismo, todo es una invitación, pero cuando penetras en el paisaje donde te metes en realidad es en una selva donde hay tantas normas que es como si no hubiera ninguna… Siempre hay una fuerza política dispuesta a denunciar; siempre hay un francotirador que te arruinará; y siempre habrá una ley que paralizará tu negocio. Olvídense, reiteró, esto es una ruina, perderán los 300.000 millones de pesetas.”
(Francisco Chavanel, “Turismo: la única apuesta realista”, 2010).

Si un inversor no ve la suficiente seguridad no invierte. Al final es él quien se juega su capital. Más de una década después del artículo de Lyng y del informe Faulkner no sólo seguimos inmersos en una selva burocrática, sino que ésta se ha multiplicado exponencialmente imposibilitando cualquier inversión en Gran Canaria. Por un lado, el bloqueo creado por la “maraña burocrática y legislativa” que mantiene congeladas varias iniciativas de inversión privada y, por otro lado, la inseguridad jurídica que crea el ver que todo intento de iniciativa empresarial acaba derivada a largos procesos judiciales, incluso con amenazas abiertas de expropiación por parte del Ejecutivo, si se diera el caso de obtener el inversor un resultado favorable en los tribunales: “El Gobierno expropiará a las empresas que ganen la moratoria en los tribunales” (¿Se puede transmitir mayor inseguridad?).

Además, la inseguridad jurídica es la actora principal del capítulo de la Ley de Medidas Urgentes que pretende, en teoría, atribuirse un carácter incentivador de inversiones. ¿O es que el legislador en serio pensaba que alguien iba a invertir, por ejemplo, en un hotel 5* de gran lujo, con el alto riesgo que lleva la categoría 5*GL de por sí, si además es regulado como hotel-escuela y en la misma norma ya se amenaza con el precinto y cierre sancionador del proyecto?: “Su incumplimiento durante el período obligado tendrá la consideración de infracción turística muy grave, que se sancionará, en caso de reiteración, con la clausura definitiva del establecimiento”, Ley de medidas urgentes, art.16,e. ¿El texto anima a arriesgar capital? Se ha visto que no, pues en casi tres años de vigencia de esta ley, ni un empresario lo ha hecho. ¿Alguien ha confiado en el “banco de camas virtual”? Nadie.

Lo cierto es que no se le pueden poner más trabas a un  empresario para realizar su inversión. A pesar del contexto económico global de retracción, estamos en un año en el que las inversiones turísticas a nivel mundial están en crecimiento (ver post “Las inversiones hoteleras en la zona EMEA”), pues internacionalmente se ha visto en el turismo uno de los sectores con más posibilidad de crecimiento y de creación de empleo. Sin embargo, en Gran Canaria, con ya todos los inversores potenciales extranjeros “ahuyentados” y con las multinacionales que ya no ven a España (y mucho menos, a Canarias) como “mercado de desarrollo estratégico”, prácticamente ya sólo nos quedan los empresarios locales como posibles inversores y, paradójicamente, se les siguen bloqueando sus inversiones desde el Ejecutivo de forma indiscriminada.

Esta semana ha salido a la palestra uno de lo empresarios (Javier Puga, consejero delegado de HD), denunciando que se le lleva bloqueando un centro comercial (una inversión de 78 millones de euros) durante 22 años (!). Se reproduce un extracto de una entrevista de M. Pino Pérez (La Provincia) a este empresario que se publicó el 13.11.11 (ver entrevista completa):

-“¿Cómo se siente un empresario cuando quiere invertir en un proyecto que va a generar empleo y le pone zancadillas el propio Gobierno canario?”
– “Frustrado. Hasta en Marruecos te ponen las cosas más fáciles. Cuando el grupo Hiperdino decidió implantarse en Marruecos hace diez años nos recibieron tres ministros para abrir un supermercado y en 89 días teníamos la licencia. Es frustrante. Aquí nunca hay predisposición y cuando presentas un proyecto empiezan a buscar que no cumple una y otra normativa.

-“Esto le ocurre sólo al grupo Hermanos Domínguez o es algo que sufren más empresarios en Gran Canaria?”
-“Esto les sucede a todos los empresarios, pero el síntoma es más agudo en Gran Canaria que en Tenerife”.

-“¿Qué se comenta de esto en los foros empresariales?”
– “Todos en Gran Canaria están igual de aburridos…”

La respuesta del Ejecutivo a esta denuncia ha sido más bien propia de jardín de infancia (respuesta del tipo “pues ya no me siento contigo”). No olvidemos que estamos en un contexto del 30% de tasa de paro y que, sin duda, la inversión prevista de 78 millones de euros de este empresario aliviaría algo la situación dramática de desempleo. ¿Puede responder un cargo político relevante, quien debería darle la máxima prioridad a la creación de empleo, de esta manera a un empresario? La situación recuerda en cierto modo a la imagen del hundimiento del Titanic (=desarrollo económico de Gran Canaria), rodeada de los pasajeros huyendo e intentando salvarse (=canarios destinados a emigrar para poder subsistir) y la orquesta del barco (=los que tienen intervenida la economía), que continúa tocando como si no pasara nada, absolutamente ajena a la situación límite que está viviendo el pasaje del barco (=muchos jóvenes canarios)… ¿Es realmente consciente el Ejecutivo de la realidad social y económica de la Isla?

Durante esta semana ha salido toda la patronal a respaldar y a hacer suyo lo dicho por el empresario Javier Puga, muchos de ellos con importantes proyectos en idéntica situación de bloqueo: uno con un puerto deportivo en Tauro paralizado hace 14 años, otro con un centro comercial (Corte Inglés) paralizado hace 12 años, otro con un puerto deportivo en Bahía Feliz paralizado hace 10 años,… en total inversiones valoradas en 858 millones de euros, la mayor parte proyectos turísticos y comerciales en el sur de la isla, y eso hablando de grandes proyectos solamente. La Presidenta de la patronal de la construcción, María Salud Gil, denunció que se “muestra un desprecio hacia los empresarios grancanarios que no puede consentirse más”. Esperemos que esta denuncia sirva para hacer al Ejecutivo replantearse su posición de bloqueo indiscriminado a todo proyecto que se pretenda hacer en Gran Canaria, posición injustificable, y mucho más en la actual situación económica en la que, precisamente, no abundan los inversores.

Nota: Este post es la 1ª parte de la serie “El eterno freno a las inversiones en Gran Canaria”:
1ª parte: “El detonante: Las declaraciones de Javier Puga”
2ª parte: “El respaldo de la patronal”
3ª parte: «El futuro turístico de Santa Águeda, la 3ª moratoria y el alcaraván perdido»
4ª parte: “Inversiones paralizadas por valor de 1.138 millones y la imparcialidad cuestionada”
5ª parte: «Señor Presidente, déjenos invertir en las islas, déjenos crear riqueza y empleo»

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«Empleo y ocupación: ¿por qué no crecen proporcionalmente? (2)», 3 de septiembre 2011
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