El corralito canario al empleo
En Argentina se conoce como corralito a “una especie de pequeña jaula acolchada y cerrada con una red, cuya estructura puede ser de caños o de madera” (Wikipedia). Dentro de ese espacio se coloca al bebé para que descanse o juegue de manera segura. En el 2001 el término fue utilizado por su analogía para describir la restricción de la libre disposición de dinero en efectivo de plazos fijos, cuentas corrientes y cajas de ahorros impuesta por el Gobierno argentino en dicha fecha. La misma analogía de la restricción de acceso sería aplicable al empleo en Canarias: hay la posibilidad de crear nuevo empleo real en Canarias (pues hay demanda potencial de inversores para ello), pero el acceso para crearlo está intervenido, imposibilitando la ejecución de proyectos que conllevarían la creación de puestos de trabajos reales. Es decir, el empleo está ahí, al alcance, pero no se permite el acceso. Los principales resortes de este corralito son, por un lado, la prohibición del crecimiento turístico (moratoria) y, por otro lado, la “maraña burocrática” (bloqueo y retraso constante de cualquier inversión importante).
Es importante diferenciar claramente entre nuevo empleo real y empleo subvencionado. El primero se sostiene por una demanda de la actividad económica y es estable a largo plazo (por ejemplo una plaza de recepcionista en un hotel nuevo según las características que demanda el mercado), mientras que el empleo subvencionado es artificial, pues es financiado por fondos públicos y no está sostenido por una demanda real, lo cual le da un carácter de corto plazo. Si bien las políticas de empleo subvencionado son muy importantes, al llevar asociadas fines como aumento de la empleabilidad o inserción laboral para desempleados de larga duración, lo cierto es que una región con un 35% de tasa de paro (según la 3ª EPA 2013) no puede basar su única estrategia de generar empleo en la creación de puestos de trabajo subvencionados.
¿Y cómo hemos llegado al 35% de tasa de paro? Pues porque nunca hubo una planificación económica que fuera más allá del plazo de una legislatura política. Siempre ha predominado la improvisación y la falta de visión estratégica, como pudimos ver durante la fase de creación de empleo (2000-2007) en la que se produjo una doble explosión económica que desencadenaron la moratoria turística (por ejecución de las licencias vigentes) y la burbuja inmobiliaria, periodo en el cual la población en Canarias aumentó mucho más que en cualquier periodo equivalente en la historia de Canarias, sentando las bases del actual volumen de población activa. Nadie en este periodo fue capaz de prever que ambas explosiones, al ser artificiales, tenían fecha de caducidad.
La diversificación económica en Canarias tiene muy poco margen. Nos guste o no, el turismo es el único motor económico de relevancia en Canarias, habiendo generado cerca del 90% de los empleos, sea de forma directa (camarero, guías,..), indirecta (proveedores de hoteles,..) o derivada (todos los empleos que dan servicio al volumen poblacional que se deriva de las actividades “motor”). Y resulta que una mayor ocupación de las capacidades turísticas (como vemos actualmente con las ocupaciones a pleno rendimiento) no aumenta de manera suficiente la creación de trabajo, ni tan siquiera es suficiente para evitar una mayor destrucción de empleo. De ahí se desprende que únicamente el nuevo crecimiento turístico puede generar de forma relevante nuevos puestos de trabajo reales. Sin embargo, durante este año se ha renovado la prohibición a construir nuevos hoteles (tercera moratoria), ampliando la excepción únicamente a los hoteles de cinco estrellas, lo cual no equivale a los productos actuales más demandados del mercado turístico.
La hostelería, el máximo generador de empleo
La 3ª Encuesta de Población Activa (EPA) muestra que la destrucción de empleo durante el último año no se ha repartido de forma igual entre las dos provincias canarias. Las Palmas (tasa paro:37%) ha perdido 16.200 ocupados, mientras Santa Cruz (tasa paro:33%) tan solo ha perdido 4.000, es decir, Las Palmas perdió el cuádruple de empleos que Tenerife en el último año. Una de las causas de este desfase la interpreta el economista José Miguel González como sigue: “En la provincia de Las Palmas la planta extrahotelera tiene un peso muchísimo mayor que en la de Santa Cruz de Tenerife… Los hoteles crean muchísimo más empleo que los apartamentos…”.
Ello explica que Gran Canaria, la isla con mayor estructura extrahotelera, insista tanto en poder aumentar su oferta de hoteles de cuatro estrellas, que se encuentra muy desfasada con relación a su oferta total (Gran Canaria: 18,43%; Tenerife: 34,55%; Fuerteventura: 40,78%).
Hace pocos días el Cabildo de Gran Canaria aprobó una propuesta por la cual reclama al Gobierno canario que la Isla pueda construir 5.600 camas de cuatro estrellas al año, hasta lograr que esta oferta llegue al 40% de la oferta total de la isla, siempre dentro del tope de camas que prevé el Plan Insular (es decir, sin clasificar nuevo suelo turístico). Dicho cupo de 5.600 camas, que equivale al 4% de las plazas actuales, supone aprox. unos siete hoteles (a una media de 800 camas por hotel).
A pesar de los problemas de las limitaciones por cupos (¿a quién atribuir la licencia si hubiera más de siete solicitudes en un año?), es, sin duda alguna, la propuesta más dinámica y positiva que se ha hecho desde hace más de una década en Gran Canaria con relación a la creación de empleo. Sin embargo, suponiendo que el Ejecutivo canario la apruebe, no es previsible que la propuesta conlleve una rápida creación de puestos de trabajo, pues la adjudicación de una licencia no significa, salvo en excepciones muy contadas, que se empiece a construir sobre la marcha. Normalmente el propietario de la parcela o promotor del proyecto no dispone del capital necesario para llevar a cabo la totalidad de la inversión, por lo que necesita pedir financiación o la cooperación de otros inversores. Para ambas negociaciones de capital es imprescindible que se disponga de la licencia de construcción, pues en vistas de la imagen de nula seguridad jurídica que se ha labrado a pulso Canarias, ningún inversor o entidad bancaria pondrían un solo euro sin licencia previa. Por tanto, a la obtención de ésta le pueden seguir varios meses o años de negociación, lo cual retrasaría la creación de empleo. Ello muestra que el cupo en este caso sobra, pues la limitación ya la pone las camas autorizadas en el Plan Insular. El cupo tan sólo vendría a retrasar el acceso a la licencia de proyectos, que de todas maneras van a seguir parados mucho tiempo, quizás indefinidamente, por la búsqueda de financiación. Por tanto, la propuesta con el cupo limitante no eliminaría el corralito impuesto al empleo en el corto plazo.
En definitiva, Canarias sí tiene potencial para crear empleo real y rebajar en una parte las cifras del paro, pero para ello debe retirar el corralito programado impuesto al nuevo empleo (=”desregularizar la economía canaria”), intención que ahora mismo aún no se puede observar de forma contundente en los legisladores canarios, por mucho que se esmeren en que así parezca.
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