5ª parte: “Señor Presidente, déjenos invertir en las islas, déjenos crear riqueza y empleo”

Comienzo esta quinta y última parte del post sobre el bloqueo de las inversiones con el titular de la portada de La Provincia/DLP del pasado viernes, el cual reproduce la petición del representante de los empresarios, la Confederación Canaria de Empresarios (CCE) al Presidente del Ejecutivo canario: “Déjenos invertir en las islas”. En cualquier otro lugar del mundo con una tasa de desempleo del 30% y con sus dirigentes políticos bloqueando toda posibilidad de efectuar inversiones privadas este titular podría llegar a originar grandes problemas al Gobierno.

Terminaba la primera semana de diciembre con una amplia y exhaustiva entrevista al empresario Eustasio López (en Canarias7, 11.12; ver aquí entrevista completa), quien abordó con minucioso detalle algunos temas pendientes de solución como la falta de equipamientos lúdicos, náuticos, litorales, deportivos,etc. en las zonas turísticas, el retraso en la aprobación de los planes territoriales de la isla, el proyecto en Meloneras Golf (declarado de interés general) y los pleitos perdidos en el Supremo con relación a la Ley de Directrices (que, como nos adelanta el empresario, se llevarán al Tribunal Constitucional y, en su caso, al Tribunal de Estrasburgo). Con relación a este último tema reproduzco una frase de la entrevista:
“En mi opinión inventarse un corralito, que ya va por diez años, para las parcelas turísticas de propiedad ajena -que, eso sí, le siguen cobrando el IBI y el Impuesto sobre el Patrimonio y todo lo que sea- sin sujeción a plazo después de haber hecho los deberes como promotor hasta donde nos dejaron,  no es normal que quede en la impunidad por supuestos incumplimientos que, en realidad, son responsabilidad de la propia Administración”.

El mismo domingo, día 11, también se publicaba tanto en el Canarias7 como el La Provincia/DLP un interesante artículo de Fernando del Castillo y Benítez de Lugo, en el que manifiesta, entre otras cosas: “Con la importancia que tiene el Turismo en nuestra economía local, apoyemos a las empresas que cuentan con la solvencia necesaria para hacer viables proyectos nuevos que ayuden a diversificar nuestra oferta turística, proyectos medioambientales aceptables que traerán empleo, progreso y bienestar y que están justificados turísticamente por la necesidad de mejorar nuestro destino o porque cuentan con el soporte de una demanda real.” (ver aquí artículo completo).

También habría que destacar con relación al bloqueo de inversiones el Editorial de La Provincia/DLP sobre el futuro desarrollo económico de Gran Canaria (domingo, 11.12; ver aquí artículo completo, es muy ilustrativo), en el que plantea una revisión de la moratoria. Reproduzco dos extractos:
“Junto a esos factores han pesado además sobre Gran Canaria y las otras dos islas de la provincia oriental los condicionantes derivados de dos moratorias turísticas consecutivas que ahora, vistos los resultados de ambas y sobre todo el cambio radical de escenario económico durante los últimos tres años, exigen una revisión. (…) Porque el tiempo se acaba, pero lo que no se detiene es el ritmo galopante de crecimiento del paro y con él, el fantasma de un deterioro progresivo del tejido social. Hay en el Gobierno quien sostiene que en tiempos de tribulaciones es mejor no hacer mudanzas y que las decisiones no han de tomarse bajo la presión acuciante del desempleo, y hay en Gran Canaria quienes todavía piensan que siquiera esbozar la palabra revisionismo en relación con la moratoria turística equivale directamente y sin anestesia a apostar por enladrillar toda esquina de barranco que permanezca sin edificar en nuestros sures. Un temor, éste, no del todo infundado, si nos atenemos al balance de estropicios que una voracidad descontrolada dejó como triste saldo en algunas zonas turísticas. Pero, entre el cero y el cien, entre el todo y la nada, una enorme y riquísima gama de matices permite proyectar el futuro sin perder de vista la historia y los errores pasados, pero tampoco el deseo de renacer y prosperar. Con humildad para aprender, pero con ambición para soñar y crecer.”

La población de las Islas y el crecimiento económico

Destaca asimismo en las noticias de la semana pasada, el uso por parte del Ejecutivo de los datos poblacionales para intentar justificar el estancamiento económico de las islas (en Canarias7, viernes 16.12): comenta el presidente del Ejecutivo, Paulino Rivero, que “las 600.000 personas que llegaron a las Islas entre 1997 y 2007 hoy son un handicap para la recuperación de la actividad económica” e insistió en que “el número de habitantes de las islas supera la capacidad de generar actividad económica”. ¿El número de habitantes supera la capacidad para generar actividad? Este planteamiento precisa al menos de tres matizaciones:

(1) ¿La subida poblacional impide el crecimiento? En principio, lo que impide el crecimiento es la falta de inversiones, esencialmente a causa del persistente bloqueo administrativo. Atribuir el estancamiento al volumen poblacional necesita mayor concreción por parte del Ejecutivo: ¿Le atribuye al volumen poblacional mayores gastos sociales y, con ello, menor inversión en obras públicas, menos medidas de fomento de empleo, etc.? En este hipotético caso se estaría relacionando crecimiento económico únicamente con inversiones públicas. ¿O con el discurso más bien anuncia la prevalencia indefinida del enfriamiento económico intencionado (bloqueo de la inversión privada) porque entiende que la “capacidad de carga” estaría sobrepasada (término que los planificadores aún no han sabido definir desde que empezaron  a usarlo hace 10 años, ver post: “La capacidad de carga turística”)? En este caso, el Ejecutivo estaría manifestando no solo su incapacidad de fomentar el crecimiento, sino incluso su falta de intención de hacerlo, quedando el mensaje del discurso como una ratificación de la política de “crecimiento cero” y una incitación a la emigración masiva de los canarios desempleados. Ante el volumen poblacional, con un 30% de la población activa sin trabajo, ¿no debería ser precisamente el crecimiento (sostenible) el principal objetivo del Ejecutivo? Lo que ahora no nos hace falta son intentos de justificación de por qué no crecemos, sino más bien mensajes de cómo vamos a crecer.

(2) ¿Llegaron 600.000 personas a las islas entre 1997 y 2007? Según los datos del Istac en la década 1997-2007 la población de las Islas aumentó en 407.676 habitantes (=aumento bruto de la población total, es decir, el saldo entre emigración e inmigración más el saldo entre nacimientos y defunciones).

Fuente: Istac, Estadística de le evolución histórica de la población.
(*): la población del año 1997 no aparece en las estadísticas del Istac, por lo que el dato de crecimiento de este año se ha calculado como media del crecimiento entre 1996 y 1998: 23.481/2=11.740.

Ni tan siquiera en las dos últimas décadas la población de Canarias ha aumentado en 600.000 habitantes: Según los datos del Istac, de 1990 al 2010 la población aumenta de 1.589.403 a 2.118.519, es decir, en 529.116 habitantes, de lo cuales 126.873 personas corresponden al periodo 1990-2000 y 402.243 personas a la “década de las moratorias” (2000-2010).

(3) ¿Crecimiento poblacional como ‘tsunami’ externo? En el discurso del Ejecutivo parece que la llegada de nuevos habitantes a las Islas fue una especie de ‘tsunami’ que no era evitable. Sin embargo, no ha sido así. Es más, una gran parte del aumento poblacional vino inducida directamente por el aumento de actividad que se derivaba de decisiones políticas. Si desglosamos los 407.676 nuevos habitantes del periodo 1997-2007 en los aumentos de habitantes por cada año obtenemos el siguiente gráfico (pinchar para ampliar):

Se puede observar perfectamente que el epicentro del crecimiento se sitúa alrededor del año 2001. En el año 2001 y 2002 se registran aumentos de población de más de 60.000 nuevos habitantes por año. Nótese que la suma de los habitantes nuevos de los tres años 2001, 2002 y 2003 (=+178.592) supera de largo a todo el aumento de población de la década anterior (1990-2000= +126.873). Todo ello coincide con el año de los decretos de la primera moratoria (2001), los cuales produjeron que un gran número de empresarios con licencias de construcción en vigor, las cuales veían peligrar por su inminente suspensión, comenzaron con la construcción de sus proyectos aprobados, lo cual produjo una explosión de la actividad económica y, por tanto, un efecto llamada de mano de obra (ver post: “¿Superpoblación en Canarias?”). La primera moratoria ha significado el máximo impulsor del crecimiento poblacional de la pasada década. Por tanto, la subida poblacional, en la medida en que se produjo, habría sido evitable. El presidente en su discurso “lamenta no haber sido más enérgico hace diez años en la defensa de medidas de control de la población” (en Canarias7, viernes 16.12). ¿Se refiere quizás a que lamenta no haber sido lo suficientemente “enérgico” para influenciar que la primera moratoria no fuera una realidad?

Otros proyectos importantes bloqueados

Dentro de los proyectos con algún tipo de traba burocrática expuestos durante las pasadas semanas en La Provincia/DLP destaca el del Centro Comercial Oasis, que iba unido a una reforma integral del Hotel RIU Oasis, empresa con la que se había alcanzado un acuerdo para una reforma conjunta, dado que la demolición y rehabilitación debe ser efectuada al mismo tiempo.  La Comunidad de Propietarios de dicho Centro Comercial  ha decidido abortar la operación y retirar el proyecto de rehabilitación que presentó hace dos años, ya cansada de esperar por una respuesta de la administración pública (en La Provincia, 9.12). El Centro Comercial, en conjunto con el paseo marítimo, conforma uno de los puntos turísticos estratégicos del Sur, pues, al ser la única conexión entre Meloneras y la Playa de Maspalomas, circulan miles de turistas al día por esta zona.

Otro proyecto interesante es el de los apartamentos Santa Mónica, que se prevén convertir en un hotel de cuatro estrellas (en La Provincia, 12.12). El hecho de que una comunidad de 100 propietarios se ponga de acuerdo en reformar y, además, tenga una clara viabilidad comercial a la vista (el proyecto está respaldado por el touroperador Thomas Cook, incluso con su marca “Sentido” para el hotel resultante), así como la financiación de los 6 millones necesarios resuelta (al parecer, el touroperador financia gran parte de la operación), es absolutamente modélico en los tiempos que corren para la Playa del Inglés. El lector se preguntará: ¿Y si tiene consenso de los propietarios, financiación y viabilidad comercial, dónde está el problema para rehabilitar? Pues, cómo no, en los procesos administrativos. El proyecto ha logrado mantener la concesión de Costas sobre un espacio de servidumbre de paso que ocupa una parte de los jardines, de la piscina y la cancha de tenis, pero lleva tres años esperando por la licencia de obras del Ayuntamiento. Esperan poder comenzar, por fin, en el 2012 con la reforma.

Lamentablemente, en pocos casos del Sur se puede percibir un nivel de consenso de los propietarios como en el Santa Mónica. Muchas comunidades no logran acuerdos que vayan más allá de p.ej. cambios de azulejos o pintura de la fachada del edificio (a veces, incluso, ni eso). En un reportaje de la periodista M. Pino Pérez (en La Provincia, 12.12) se exponen algunos ejemplos de complejos con dificultados para alcanzar acuerdos, principalmente porque los propietarios no terminan de ver que les compense el desembolso económico que deben asumir:
“Hay complejos como el Agaete Park, en Playa del Inglés, en los que antes de comenzar la crisis un apartamento reportaba unos 360 euros al mes y ahora apenas genera 200 euros en cuatro meses al año, según señala el gerente de este complejo, Manuel Caballero. En 2005 se abordó una reforma conjunta en 80 de los 207 apartamentos, y los que quedaron fuera los han mejorado a su aire. «El descenso de la clientela británica ha mermado la rentabilidad y además, en este complejo sólo 123 de los 207 están en explotación» señala.”

La reunión con el Presidente y el ‘machaque’ del territorio

Recordemos que el descontento empresarial reflejado en la prensa aconsejó al Presidente de la Comunidad Autónoma a convocar a la representación de los empresarios con el fin de intentar desbloquear las inversiones, reunión que se celebró el pasado martes 13. Los titulares de la prensa del día siguiente resumían muy bien el resultado del encuentro: “Rivero facilitará las inversiones, pero sin “machacar territorio””, o sea: ‘sí, pero veremos’. El Gobierno canario se comprometió a agilizar la tramitación de los proyectos bloqueados, pero sin concretar plazos y con la coletilla: “es fundamental preservar el futuro de Canarias y la premisa no puede ser que como necesitamos actividad económica porque estamos apurados continuemos machacando el territorio, eso sí que no» (en La Provincia, 14.12). Vemos que el Ejecutivo insiste en su discurso de los ‘machacadores del territorio’, discurso que posiblemente esté ya más obsoleto que la planta extrahotelera de Playa del Inglés (ver post reciente: “Los depredadores del territorio”).

Según la información publicada por La Provincia “empresarios y directivos acabaron con una sensación agridulce. Por un lado, ven positiva la predisposición del Ejecutivo para estudiar y analizar cada caso y buscar las soluciones legales que sean necesarias. Por otro lado, siguen sin ver una solución al problema de fondo, es decir, a la “maraña” legislativa y de planes que inciden sobre la planificación territorial. De esta manera, esperarán a comprobar si realmente las nuevas leyes que pretende aprobar el Gobierno sirven para esta finalidad” (en La Provincia, 14.12, p.18).

Efectivamente, el Ejecutivo, en vez de suprimir leyes, ha anunciado la creación de nuevas leyes para ‘simplificar’, entre ellas destaca la Ley de Armonización de Territorio (ver p.ej. La Provincia, 17.12), prevista para la primavera y que tiene como fin teórico simplificar la aprobación de planeamientos de ayuntamientos y cabildos. Habría que empezar por preguntarse si es necesaria otra ley más para sortear las leyes o normativas vigentes. ¿No sería más lógico y efectivo derogar o simplificar las leyes o normativas que crean el embudo, en vez de crear otra ley más que amplía la “maraña burocrática”? Vamos a llegar a una situación en la que la única manera viable para que se apruebe un proyecto en Gran Canaria es que sea declarado por el Gobierno canario como “proyecto de interés general”, si no es que ya estamos en esa situación…

Llama especialmente la atención después de la ‘reunión de desbloqueo de inversiones’ que el Consejero de Política Territorial y Javier Puga, directivo de HD que hizo las declaraciones detonantes el mes pasado, vuelvan a sentarse y que, según lo publicado, podría responderle al empresario favorablemente en cuatro días. Es decir, una traba de 23 años podría resolverse en el contexto de un clima de buena disposición en sólo cuatro días. El periodista especializado en Economía, José S. Mújica, se pregunta dónde quedan para la empresa HD “las oportunidades de economía de escalas perdidas en el camino”, “los sinsabores”, “el lucro cesante” y “las ganas de abandonarlo todo” (en Canarias7, 15.12.; pinchar sobre la imagen para leer el artículo).

El pasado viernes la CCE celebró en el Auditorio Alfredo Kraus su tradicional cóctel por las fiestas navideñas. Del discurso navideño de su Presidente, Sebastián Grisaleña, se ha extraído el título para este post: “Necesitamos una Administración pública que no busque excusas o impedimentos que retrasan la inversión y frenan nuestra competitividad. Déjennos invertir en nuestra tierra. Déjennos crear riqueza y empleo» (en La Provincia, 16.12).

Según las informaciones publicadas durante las cuatro últimas semanas en la prensa local en la línea de desbloquear las inversiones podría sacarse la impresión de que el freno económico que ha sido impuesto a Gran Canaria durante la pasada década (más bien, las dos pasadas décadas) se debe exclusivamente a la incompetencia política y al favoritismo hacia alguna determinada isla. Si bien las principales causas han sido las desafortunadas actuaciones políticas en su intervención radical sobre la economía, también ha jugado un importante papel la lasa actitud empresarial. No en vano Bravo de Laguna manifestaba hace pocos días que “se alegraba mucho de que los empresarios que estaban callados hayan reaccionado y hayan tomado por fin partido” (en La Provincia, 7.12). En ningún sitio del mundo un enfriamiento económico, intencionadamente impuesto por los dirigentes políticos, prospera durante tantos años si no es asumido con conformidad por la patronal empresarial, que, en parte, durante mucho tiempo vio con buenos ojos el enfriamiento del crecimiento por la protección que daba a su negocio en el mercado. Sin embargo, el tiempo ha demostrado sobradamente que proteccionismo significa pérdida de competitividad. Si no se hace nada nuevo, a la vez que lo que está no se renueva y, además, el mercado expulsa a una importante parte de lo que hay (camas extrahoteleras) el resultado es un deterioro del poder competitivo global de la oferta alojativa del destino, tanto cualitativo (lo que está envejece y no se hace nada nuevo) como cuantitativo (se pierden camas turísticas a un ritmo acelerado), justamente la situación en la que nos encontramos desde hace tiempo en Gran Canaria. En este sentido, esperemos que la protesta de los empresarios vaya mucho más allá de la agilización de los permisos para siete u ocho proyectos individuales, sino que dé lugar a un ‘cambio de chip’ en la gestión política con respecto a las inversiones de tal manera que se pueda empezar a hablar nuevamente de un crecimiento económico en Gran Canaria.

 “Pudimos evitarlo”

Termino este post de cinco partes con un extracto del artículo “Pudimos evitarlo” del 4 de junio del 2005 del periodista Ignacio Jiménez Mesa (q.e.p.d) de su columna “Contracorriente” en La Provincia/DLP (ver aquí artículo completo). Nótese que, a pesar de datar el artículo de junio del 2005, su contenido es de latente actualidad, casi como si se hubiese escrito hoy mismo, como si el tiempo se hubiese detenido en Gran Canaria, conjuntamente con el enfriamento dirigido de la actividad económica y el bloqueo programado de toda inversión en Gran Canaria:

“La culpa principal de la atonía canaria, de la falta de creación de actividad, la debemos buscar en decisiones de política económica. Existen exedentes de capital en medida antes impensable y sin embargo no se invierten, no se crea empleo. Con tanta moratoria, con tanta intervención de los poderes públicos impidiendo nuevos establecimientos y negocios, la triste realidad es que ya no hay proyectos en los que invertir, ni sectores a los que derivar la potencialidad de crecimiento. Y lo peor es que en buena medida, esa intervención, ese freno, fue interpuesto a petición expresa de los mismos empresarios que hoy quejan, entonces obsesionados por buscar protección y evitar competencia a cualquier precio. Si esto sigue así, volveremos a ver manifestaciones de parados en nuestras calles, pero esta vez deberían llevar una pancarta que dijese: “Ustedes podían haberlo evitado”.”

Nota: Este post es la 5ª y última parte de la serie “El eterno freno a las inversiones en Gran Canaria”:
1ª parte: “El detonante: Las declaraciones de Javier Puga”
2ª parte: “El respaldo de la patronal”
3ª parte: “El futuro turístico de Santa Águeda, la tercera moratoria y el alcaraván perdido”
4ª parte: “Inversiones paralizadas por valor de 1.138 millones y la imparcialidad cuestionada”
5ª parte: “Señor Presidente, déjenos invertir en las islas, déjenos crear riqueza y empleo”

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”Pudimos evitarlo”, Ignacio Jiménez Mesa, en La Provincia, 4 de junio 2005, republicado en el blog de Daniel Garzón Luna.