Estamos en un momento vital de la renovación de nuestra legislación turística. Básicamente, es un debate entre un orden coherente de la actividad o la capitulación ante la anarquía; entre un modelo de reparto real de beneficios del turismo a la sociedad (a través de empleo, fiscalidad y gasto turístico) o un modelo de maximización de rentas individuales de unos pocos.

En este contexto, en San Bartolomé es urgente efectuar la especialización de usos, con el fin de dar seguridad a los propietarios residentes en unidades alojativas en complejos turísticos antes de 2017. No obstante, no podemos olvidar que la mayoría de ellos no quiere residir permanentemente en esos «locales comerciales» de 30-40m2, ni lo hacen ahora ni lo harán, sino más bien alquilar como VV o revalorizar y vender a jubilados extranjeros para uso residencial, ambas cuestiones prohibidas por la legislación regional vigente y venidera, tan solo amparadas por una «apuesta mixta» del Ayuntamiento de San Bartolomé.

Muchas gracias a Silvia Fernandez Díaz por la entrevista en Canarias7, que reproduzco a continuación:

«Los ayuntamientos no se pueden dejar llevar por el populismo para resolver la residencialización»

«Nacido en Las Palmas de Gran Canaria Antonio Garzón está intrínsecamente ligado al sector turístico, cuyas variables analiza de forma constante y profunda. El turismo de masas, el abandono de los centros comerciales, la residencialización son, entre otros temas, objeto de sus estudios y conferencias. Garzón es además autor del libro ‘Condicionantes de la competitividad turística grancanaria’.

– ¿Qué está ocurriendo en las zonas turísticas con la residencialización?

–Primero hay que hacer un poco la historia. Esto viene de hace mucho tiempo. Lo que se defiende es que a los propietarios que llevan residiendo mucho tiempo allí se les consolide su estatus y eso es lógico. Esto es lo que hace la ley del suelo del 2017, que estableció que los que vivían antes de enero del 2017 podían consolidar ese estatus y residir. En 2015, antes de eso, yo lo defendí en un artículo porque es lo normal. Lo que ocurre es que ahora hay otras expectativas. Los propietarios no quieren vivir en su mayoría en esos 30 o 40 metros cuadrados, sino que persiguen otros dos usos. Uno es el alquiler vacacional que se está haciendo dentro de unidades de explotación y fuera de ellas y de otro, buscan revalorizar esa vivienda y venderlas a jubilados extranjeros porque hay demanda para ello.

–Hablamos de dos cosas entonces, de un lado, unos que quieren residir y de otro, aquellos que buscan hacer negocio con un bien que por ley tiene un uso turístico y debe explotarse bajo la unidad de explotación.

–Ahí surgen los problemas. Si se hiciera solo la demanda de residencialización para consolidar los derechos de los que viven antes del 2017 es normal porque llevan toda la vida viviendo ahí y no hay ‘peros’. Ese estatus hay que mantenerlo pero hacer un negocio al margen de la unidad de explotación va contra toda la legislación desde los 90. De igual forma, toda la legislación de forma constante ha defendido que el uso turístico y residencial, el llamado uso mixto, no vale.

–Los propietarios afectados hablan de expropiación forzosa pero ellos en teoría cuando compraron tenían que saber que adquirían un apartamento con uso turístico y bajo la unidad de explotación no un apartamento residencial.

–Aquí hay dos cuestiones. Hablan de expropiación porque la ley de 2013 habla en varios artículos de sustitución del propietario. Recordemos que era una ley que está dentro de la tercera moratoria y era el lenguaje utilizado por Paulino Rivero y Domingo Berrial. Pero lo cierto es que si están viviendo desde hace tiempo (antes de enero de 2017) no tienen por qué ser expropiados y así lo dispuso la ley del suelo del 2017. No hay ningún tipo de expropiación forzosa, de hecho no se ha llevado a cabo ninguna sustitución del propietario. Lo que han llegado por ahora son sanciones.

–¿Qué opina de su congelación?

– Lo que tiene que hacer el Ayuntamiento de San Bartolomé es correr para hacer la especialización de usos ya y determinar qué es residencial y qué turístico. Las sanciones llegan porque no se ha hecho la especialización de usos, que es algo que le está costando hacer al ayuntamiento porque es impopular. Resulta también curioso que los afectados no la pidan. Si se hiciera esos propietarios de antes del 2017 podrían vivir en sus apartamentos sin problema. Eso sí, lo que no van a poder es explotarlo como vivienda vacacional; pero si lo que quieren es vivir, no hay problema.

–La especialización de usos aclarará la situación pero generará conflicto porque muchos propietarios en situación irregular van a tener que dejar de residir (si no son anteriores a 2017) o dejar de explotar el apartamento por su cuenta.

–Es que ese es el problema. La especialización de usos va a intentar poner un poquito de orden en medio de la jungla. Y yo diría que va a traer tres escenarios. Primero, el que efectivamente vivía antes del 2017 dentro de un complejo en explotación, que le consolida su estatus. Ese está tranquilo. Segundo, el que ha comprado después del 2017 y está residiendo o alquilando. Si se decide que el uso es turístico debe ir a la unidad de explotación y desde luego no podrá vivir. Aquí hay que recordar que los mismos propietarios podrían hacer una unidad de explotación, o sea gestionar el complejo. Y luego está el tercero, aquel cuyo complejo se residencializa. Este podrá vivir pero no podrá explotarlo en el vacacional. Y ojo porque el objetivo de muchos es residencializarse para volver a returistificarse.

–¿Es la suspensión de las multas una forma de contentar al votante ante el retraso de la especialización de usos?

–Sí, sin duda. Lo ideal habría sido regular tres cosas: el alquiler vacacional y las leyes turísticas de 1995 y de 2013. El tema de la residencialización está ahí y la unidad de explotación también y hay muchas vinculaciones porque el objetivo real de la residencialización es el alquiler vacacional. Este fenómeno no debería llamarse de residencialización sino de returistificación. También la ley de residencia debería ir en el mismo paquete porque si se residencializan complejos tras una especialización de uso se revalorizarán y habrá interés por venderlos a extranjeros. Hay que ver si esto es lo que se quiere con la necesidad de vivienda que hay para residentes.

–¿Cree que habrá especialización al final? Porque va a generar mucho conflicto social.

– Claro que va a traer mucho conflicto. Aquí hay que actuar como lo hace la Consejería de Turismo, con una visión a largo plazo estratégica y mirando el interés general de todos. Si los ayuntamientos no se alinean en este sentido no se va a solucionar el problema. En Alemania en 2003 se aprobó una ley muy impopular y la persona sabía que no lo iban a volver a votar pero que lo que hacía era lo que había que hacer. Esto es lo mismo. No hay que mirar solo a reelección. Hay que hacer lo que es bueno para Canarias. Es lo que está haciendo la Consejería de Turismo. En este asunto los ayuntamientos no se pueden llevar por el populismo y unos pocos votos para resolver el problema.»

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«…los mencionados ejemplos de cuestiones asociadas (alquiler vacacional, dotaciones, oferta comercial, revalorización & venta) muestran que la residencialización no es una cuestión aislada que se pueda solucionar de forma individual con una acción quirúrgica. Es una problemática altamente transversal que afecta a toda la planificación urbanística y comercial del núcleo o ciudad turística y, en definitiva, a todo el destino, por lo que debe ser gestionada desde esa perspectiva global del planeamiento.»

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«…la Jornada de Residencialización en el contexto de la Universidad de Verano de Maspalomas ha mostrado que la incompatibilidad del uso turístico y residencial está anclada en la legislación canaria desde hace décadas y que, tanto desde el punto de vista económico como social, la residencialización no es un proceso rentable para una sociedad tan dependiente del turismo. Además, no es una cuestión aislada, sino una problemática altamente transversal que afecta a toda la planificación urbanística y comercial del núcleo o ciudad turística y, en definitiva, a la competitividad de todo el destino, por lo que debe ser gestionada coherentemente desde una perspectiva global del planeamiento local en conjunto con la legislación regional.»