La semana pasada fue aprobada en el Parlamento canario la tercera moratoria turística canaria, esta vez con carácter indefinido en el tiempo, es decir, que se convierte en una moratoria permanente para los establecimientos turísticos cuya construcción prohíbe. ¿Qué evolución han tenido los parámetros sociales y económicos (demanda, oferta, tasa de paro, población, etc.) desde que se aprobara la primera moratoria canaria? ¿Qué supone esta tercera moratoria para Canarias? ¿Qué la diferencia de las anteriores dos? En este post se resume de forma muy abreviada las variables contextuales y los principales efectos de cada moratoria turística.   

La primera moratoria canaria (Ley de Directrices, abril 2003 – abril 2006)

En enero del 2001, coincidiendo con el inicio de la etapa de madurez turística (por pérdida de competitividad) y la recesión de visitantes extranjeros a Canarias, el Ejecutivo canario estableció mediante dos decretos la paralización del otorgamiento de nuevas licencias para establecimientos turísticos. Ambos decretos fueron anulados por los Tribunales hasta que en el 2003 se aprobaron, con apoyo unánime de todos los partidos políticos en el parlamento, las Directrices de Ordenación General y del Turismo de Canarias, bautizadas como primera moratoria turística y que prohibían la construcción de nuevos hoteles por tres años prorrogables (tan sólo permitía una excepción para “proyectos excepcionales” condicionados a su aprobación por el Parlamento con un cupo máximo de un 1% anual en base a la oferta alojativa).

Durante los avatares judiciales y las suspensiones de los decretos entre 2001 y 2003, un gran número de empresarios con licencias de construcción en vigor, las cuales veían peligrar por su inminente suspensión, comenzaron con la construcción de sus proyectos aprobados (casi todos hoteleros), de manera que se produjo un espectacular aumento de la actividad económica. El binomio turismo-construcción empezó a trabajar a pleno rendimiento, bastante más de lo que hubiera hecho sin la moratoria. Paralelamente se estaba produciendo una explosión inmobiliaria en el sector de la construcción, facilitada por los bajos intereses de financiación que conllevaba la introducción de la moneda única. Estas dos explosiones económicas simultáneas (inmobiliaria + turística) produjeron un efecto llamada que hizo que la inmigración aumentara de forma importante durante estos años. Cabe destacar que en la primera década de los 2000, en plena fase de madurez turística, Canarias aumentó su población en 400.000 habitantes, que supone más del doble de la media de las décadas anteriores desde 1960.

Por tanto, la primera moratoria, que tenía como principales objetivos la contención poblacional y la limitación de entrada de camas en el mercado, produjo exactamente los efectos contrarios: por un lado, incentivó la entrada de más camas en el mercado de las que habrían entrado en tan corto plazo sin moratoria y, por otro lado, fue la causante directa (junto con la burbuja inmobiliaria) del aumento poblacional de Canarias en los años 2001 a 2005 (ver post “¿Superpoblación?”).

En la isla de Gran Canaria las nuevas camas hoteleras surgidas a partir del 2000 fueron saldando a las camas extrahoteleras expulsadas del mercado por su obsolescencia hasta que en el 2007 las licencias se fueron acabando y la isla de Gran Canaria empezó a perder progresivamente capacidad de plazas turísticas.

Prórroga de la primera moratoria (2006-2009)

La caducidad de las dos explosiones económicas era previsible, cuando menos la de las licencias de construcción. Sin embargo en el 2006, cuando venció la primera moratoria, fue prorrogada por defecto, es decir, fue automáticamente prorrogada por su disposición transitoria hasta que fuese retomada por el Ejecutivo en el 2009. En el 2007 se fueron agotando las licencias de construcción y en el 2008 explotó la burbuja inmobiliaria, que fue seguida de un año de gran recesión turística (2009) y el motor de la construcción se fue apagando. El número de parados aumentó aceleradamente y pasó de 106.000 en el 2007 a 181.000 en el 2008 y a 282.000 en el 2009, es decir, que en un periodo de dos años casi se triplicó.   

La segunda moratoria canaria (Ley de medidas urgentes, mayo 2009 – mayo 2012)

En mayo del 2009 esta dramática evolución del paro ya era conocida, así como lo era la pérdida de plazas turísticas de Gran Canaria y la inseguridad jurídica derivada de la moratoria, pero, no obstante, la prohibición para nuevas construcciones fue prorrogada por tres años más (sin derogar la primera moratoria). La segunda moratoria (Ley de Medidas Urgentes) pretendía dinamizar el sector a través de una excepción para nuevas construcciones (hoteles-escuela de cinco estrellas gran lujo) y sus dos “incentivos estrella” para la rehabilitación: la sustitución (derribar y construir en otra parcela) y renovación con premio (regalo de camas por renovar). Esta vez la ley no obtuvo un consenso unánime, pues la oposición (PSOE) abogaba por una moratoria aún más restrictiva que contemplase un cupo limitante para los hoteles de gran lujo pues temía una “invasión territorial” de hoteles de esta categoría.

A pesar de tener una vigencia de tres años, todos los “incentivos” tenían un plazo de sólo dos años, por lo que en mayo del 2011 el Ejecutivo canario, al no haberse ejecutado ni un solo proyecto en base a los incentivos mencionados y no haberse pedido ni una sola licencia para un hotel-escuela 5GL, tuvo que prorrogar apresuradamente otro año dicho plazo. En esta fecha (primer trimestre 2011) el número de parados ya había aumentado a 312.000. Como muy tarde, este habría sido el momento de reconocer el fracaso de la segunda moratoria y empezar a trabajar en un plan alternativo.

Por otro lado, en el 2011 coincidieron dos efectos que propiciaron que fuese un año récord en visitantes: el “efecto Norte de África” y la recuperación de las economías de los países emisores de turismo. A pesar de ello, las mayores ocupaciones turísticas tan sólo pudieron contrarrestar la destrucción de empleo que se estaba produciendo en otros sectores, pudiendo constatarse que altas ocupaciones de las capacidades existentes no conllevaban un aumento neto de los trabajadores ocupados totales.

Prórroga de la segunda moratoria (mayo 2012 – mayo 2013)

A pesar del evidente fracaso de la Ley de Medidas Urgentes (ni un hotel de 5GL + fracaso de los incentivos de rehabilitación), en su fecha de vencimiento (mayo 2012) el Ejecutivo se limitó a presentar un proyecto que simplemente complementaba sin grandes novedades la ley vigente, teniendo que prorrogar por dos veces la segunda moratoria con el fin de “estudiar mejor la situación”. En dicho año el anteproyecto de la ley fue rechazado prácticamente por todos los cabildos, ayuntamientos y el sector turístico (con excepción del empresariado turístico de Tenerife).

La tercera moratoria canaria (mayo 2013 – indefinido)

El 28 de mayo del 2013 es aprobada la Ley de Renovación Turística con carácter indefinido (sin derogar las dos moratorias anteriores), cuando la cifra de parados en Canarias ya llega a 385.000, un 34,27% de la población activa (EPA del primer trimestre 2013). En la nueva ley la excepción para nuevas construcciones se amplía a los hoteles de cinco estrellas «normales», pero sigue siendo muy restrictivo, contrario a las demandas del mercado y perjudicial, especialmente para Gran Canaria, que tiene necesidad de desarrollar su planta hotelera y que tiene una demanda real de cuatro estrellas. Los incentivos de la rehabilitación de la anterior ley (la sustitución y la «renovación con premio») son renovados con algunos añadidos (edificabilidad, densidad, registro de camas), pero siguen siendo ajenos a las verdaderas dificultades que se encuentra el empresario para renovar, como son, por ejemplo, las vías de financiación. Además, esta tercera moratoria nace sin ninguna clase de consenso, ni de los cabildos, ayuntamientos, del sector empresarial, la oposición política, ni tan siquiera dentro del mismo pacto de gobierno.

Resulta evidente que la Ley ha sido muy poco elaborada, porque:

1) no se ha valorado la eficacia de los incentivos de la Ley de Medidas Urgentes en los últimos cuatro años (tanto para la renovación como para la construcción de nuevos hoteles); el fracaso de dicha ley exigía una ley totalmente nueva, y no una prolongación con algunos añadidos;

2) no se han tenido en cuenta criterios económico-turísticos importantes, como, por ejemplo, algún estudio de mercado del desarrollo turístico de la última década y de las categorías demandadas; buena muestra de ello es que se insistiera inicialmente de nuevo en la categoría de gran lujo, la cual no tiene ni demanda suficiente, ni las condiciones ideales (entorno, etc.) para desarrollarse;

3) no se han tenido en cuenta las diferencias de desarrollo turístico entre las islas, aplicando de nuevo una ley universal para todas las islas; por ejemplo, Tenerife dobla la oferta hotelera de Gran Canaria en lo que se refiere a los hoteles de 4 estrellas;  

4) no se han tenido en cuenta criterios sociales, como la evolución del desempleo, es decir, que se han seguido aplicando ciegamente criterios medioambientales de un supuesto concepto de «desarrollo sostenible», el cual a todas luces confunde erróneamente «desarrollo sostenible» con «crecimiento cero».

Consecuentemente, la ley viene a prolongar el corralito al suelo y, con ello, el corralito al empleo. Deliberadamente se bloquea la única posibilidad de crear puestos de trabajo reales con otra ley intervencionista que claramente está  diseñada para que no se haga nada y que deja a Canarias como únicas vías de creación de empleo los puestos de trabajo derivados de una mayor ocupación turística de las capacidades existentes y de las políticas de subsidio (puestos de trabajo de corto plazo subvencionados por fondos públicos).

Bibliografía

Publicaciones relacionadas:
«Gran Canaria en su encrucijada (2ª edición)», Daniel Garzón Luna, Las Palmas, mayo 2013.
«Condicionantes de la competitividad turística grancanaria», Antonio Garzón Beckmann, Editorial Círculo Rojo, Las Palmas, marzo 2011.

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